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La autora inicia el artículo contextualizando la
situación educativa en América Latina, en donde expone que las reformas
educativas se han orientado al acceso universal a la educación básica y a
mejorar tanto la calidad como la equidad. No obstante, las desigualdades
continúan evidenciando la necesidad de políticas públicas dirigidas a la
equidad para superar las desigualdades. De esta
manera, si bien, dichas políticas públicas tienen como principio “educación
para todos”, en la práctica persevera la exclusión y discriminación en la
educación, limitando la equidad al acceso a la educación y continuando con
dificultades en la universalización, distribución, calidad y acceso al
conocimiento.
En este contexto, la autora diferencia
integración de inclusión, enfatizando la inclusión como una herramienta de
enfrentamiento a la exclusión, discriminación y desigualdad en los sistemas
educativos, teniendo en cuenta la importancia de la educación para obtener
una mayor equidad social. Dicha distinción entre inclusión e igualdad es
necesaria para el correcto desarrollo de políticas inclusivas integrales.
Es así, que la integración tiene una mirada
individual de las dificultades del aprendizaje, mientras que la inclusión
tiene una visión más amplia, en donde el problema sería el sistema educativo
en sí. Por lo que la inclusión abarca el contexto más amplio de la atención a
la diversidad, dirigiéndose a todos los alumnos y no solo a quienes tienen
necesidades educativas especiales.
Basado en lo anterior, la autora señala las
principales finalidades de la educación inclusiva.
En primera instancia, plantea a la inclusión como
una cuestión de derecho ya que para la inclusión un aspecto fundamental es la
plena participación de las personas en todas las esferas de la vida. De esta
forma, se entiende a la educación como un derecho por lo que en la educación
inclusiva todos tienen derecho a ella, incluyendo su acceso y calidad.
Luego, expone que la inclusión en la educación es
un medio para avanzar hacia sociedades más inclusivas y democráticas que
tengan una mayor equidad. El papel de la inclusión educativa radica en que
las escuelas son la instancia para garantizar una distribución equitativa,
impidiendo así las desigualdades educativas y por ende las desigualdades
sociales.
Además, la inclusión educativa aspira a brindar
una educación de calidad para todos, prestando atención a la diversidad de
las necesidades educativas, basándose en la premisa de que no puede existir
calidad sin equidad.
Finalmente, expone a la educación inclusiva como
un medio para la formación de una identidad propia (aprender a ser), al
ejercer este derecho a la propia identidad se respeta a cada persona tal y
como es, promoviendo a su vez la aceptación y valoración de las diferencias
del resto (aprender a vivir juntos).
En base a lo anterior, la autora se cuestiona el
rol de la educación especial en este enfoque de la inclusión, planteando que
dentro del contexto de inclusión no se debe separar la educación para todos y
la educación para las personas “diferentes”, por lo que la educación especial
debería atender a todos a quienes la necesiten sin discriminar si son
catalogados como alumnos con necesidades especiales o no.
En consecuencia, el rol de los docentes debe
cambiar en función del enfoque de inclusión para que su rol en el desarrollo
de escuelas inclusivas sea efectivamente inclusivo. Para esto se requerirá de
una serie de modificaciones que incluyen desde que las instituciones de
formación docentes estén abiertas a la diversidad enseñando a los profesores
a enseñar en diferentes contextos, hasta que todos los docentes posean los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios en términos de atención a la
diversidad. Además de esto, se necesita el apoyo de otros profesionales,
enfatizando en el trabajo colaborativo para la atención a la diversidad del
alumnado.
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